De la Corresponsalía.
Cabo San Lucas. 4 de mayo de 2017.- Algunos funcionarios federales se adelantan al Año de Hidalgo, pues violentan las leyes sin importar nada, ni nadie, y pareciera que la transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción es pura demagogia en la administración que aún encabeza Enrique Peña Nieto.
Integrantes de un buffet de abogados que representa a los verdaderos dueños del terreno (120 hectáreas) invadido en Cabo San Lucas, denunciaron que son víctimas de una red de corrupción administrativa en estado de Baja California Sur, que ha protegido a los invasores del terreno propiedad de su defendido: inventando claves catastrales, folios reales en el Registro Público de la Propiedad, generando autorizaciones judiciales de venta ilegales, entre otros actos.
A decir de los abogados, un supuesto inversionista interesado en la compra de dicho terreno, consulto al mencionado buffet, para verificar el estado legal del terreno, pues estaba enterado de que estaba en litigio, pero que el Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, Rubén Gerardo Corona González, aseguró a otro grupo de inversionistas que todo estaba en orden legal y que podían adquirirlo.
Dicho terreno, fue ocupado por invasores desde hace más de una década, quienes aseguran contar con el aval y apoyo del Poder Judicial en la entidad, y por ello, advierten que no acatarán la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien declaró ilegal la autorización de venta a los invasores, sin embargo, no se ha entregado el terreno a sus verdaderos y legítimos dueños, porque los jueces de la entidad no acatan o ignoran la ley.
Desde hace 11 años, abogados han llevado juicio para recuperar dicho predio que pertenece a Inmobiliaria del Cabo. Sin embargo, durante la gestión del gobernador Narciso Agúndez Montaño, permitió la invasión de ese terreno, y a partir de ese blindaje los invasores han hecho lo increíble, modificado el folio real de la escritura en el Registro Público de la Propiedad, no una sino varias veces.
Los invasores, desde hace tiempo, con la promesa de que “te comparto de las ganancias”, han comprado voluntades y conciencias, e inclusive, la del mismo, subsecretario de Turismo Federal, Corona González, quien se atrevió a comentar a los potenciales compradores que toda la documentación estaba en regla.
Existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Inconformidad 61/2014), que reconoce la propiedad a los verdaderos y legítimos dueños, que la autoridad judicial federal (juez Primero de Distrito en BCS, Javier Loyola Sosa ) evade restablecer a Inmobiliaria del Cabo el pleno goce de sus derechos y las cosas al estado que guardaban antes de las violaciones jurídicas.
Han sido once años de juicios y sentencias ganadas, todas y cada una, y con la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el funcionario de la Secretaría de Turismo Federal, al parecer, desconoce las leyes, o desconoce el estado jurídico real del asunto, y apoya a sus amigos.
Durante todo este tiempo, el Juzgado Colegiado de la Paz ha aplicado la política de la tortuga en la resolución de este caso, sus magistrados se declaran impedidos para resolver el asunto después de entretenerlo por meses o años las resoluciones que les corresponde atender, hasta que hubo necesidad de solicitar que la Suprema Corte lo atrajera y resolviera conforme a derecho.
