Toluca, Estado de México, 14 de diciembre de 2017.- El gobernador Alfredo Del Mazo garantizó que la administración estatal brindará su apoyo total al Tribunal de Justicia Administrativa, a efecto de optimizar el combate y la erradicación de los actos de corrupción, cometidos por servidores públicos o por particulares.
Agregó que, producto de las atribuciones que este Tribunal obtuvo como parte de una reforma constitucional, se convierte en uno de los pilares fundamentales del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, donde su participación será imprescindible para hacer frente a este problema. Al escuchar el Informe de Actividades 2017, de la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Myrna García, e inaugurar junto con ella las nuevas instalaciones de este organismo, Alfredo Del Mazo mencionó que al gozar de plena autonomía, este Tribunal tiene las facultades necesarias para sancionar las faltas graves de servidores públicos y de particulares.
Destacó el trabajo de este Tribunal, ya que es el primer garante de la resolución de conflictos entre la administración pública y los ciudadanos, además de contribuir a mejorar el Sistema de Justicia y el Estado de Derecho. Mencionó que, a 30 años de su creación, este organismo ha consolidado la relación entre el Gobierno y la sociedad, para fortalecer la justicia y garantizar la rendición de cuentas.
Alfredo Del Mazo también destacó la creación de los nuevos espacios y equipos tecnológicos para ofrecer a los ciudadanos un servicio más digno y eficiente, y subrayó que estas instalaciones requirieron una inversión superior a los 146 millones de pesos. Asimismo, hizo un recorrido por los nuevos espacios de este Tribunal, conformados por dos salas regionales, tres oficinas, cubículos y un lactario.
Por su parte, Myrna García resaltó que en 2017 se atendieron a 11 mil 930 personas que buscaban orientación o representación jurídica, y que se promovieron 8 mil 30 juicios administrativos, a través de sus siete salas regionales. De éstos, aclaró, 49 por ciento involucraron a instancias estatales y 51 por ciento a municipales; un 78 por ciento se dio la razón a los actores, es decir, a particulares.
