Escribe Jesús Garcia.
3 de mayo de 2018.- Un grupo de 13 mujeres de Denver dejaron sus casos sobre violencia doméstica en tribunales, luego de que se diera a conocer a través de un video que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esperaban detenerlas en cualquier momento.
En Oakland, Michigan, un padre indocumentado fue arrestado por agentes de de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tras comparecer en una audicencia por la custodia de sus hijos, ya que creía que podrían estar en peligro, debido a actos violentos del novio de su expareja.
Por situaciones como esas, los inmigrantes están acudiendo menos a los tribunales, incluso para denunciar abusos de menores, procesar divorcios e imponer demandas por delitos mayores ante el temor de operativos de “La Migra”, reveló un reporte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El estudio “Congelamiento de la Justicia: Cómo los arrestos migratorios en las cortes está socavando el sistema de justicia“, elaborado en conjunto con el Proyecto Nacional de Defensa de las Mujeres Inmigrantes, se basa en información de una encuesta nacional a oficiales de aplicación de la ley, jueces, defensores, fiscales y otro personal que labora en los tribunales.
“Los arrestos en los tribunales amenazan los derechos constitucionales de los inmigrantes y hacen que nuestras comunidades sean menos seguras”, dijo Sarah Mehta, investigadora de derechos humanos de ACLU y autora del informe. “Cuando los miembros de nuestra comunidad tienen miedo de pedir ayuda o ir a la corte o reportar crímenes a la Policía, la seguridad pública es afectada“.
El estudio revela que los vigilantes de las cortes reconocen que no pueden proteger como quisieran a quienes acuden a esos espacios, principalmente a sobrevivientes de crímenes, ya que los operativos de ICE no diferencian entre víctimas y acusados.
“Los tribunales deben ser accesibles para todos los ciudadanos, independientemente de su estatus legal, para que el sistema de justicia sea eficaz”, apuntó Mehta.
La encuesta fue aplicada a 232 oficiales de las ley en 24 estados; 103 jueces, tres funcionarios judiciales y dos administradores judiciales en 25 estados; 50 fiscales en 19 estados, y 389 defensores de sobrevivientes y proveedores de servicios legales distribuidos en 50 estados.
Los hablantes de estos idiomas enfrentan problemas para que sus casos sean atendidos en su lengua. FUENTE: ACLU
Casos inconclusos
Uno de los datos relevantes fue el proporcionado por jueces cuyo 54% reveló que “los casos judiciales se interrumpieron debido al miedo de un sobreviviente de un delito inmigrante a comparecer ante un tribunal”.
Los fiscales alertaron que los crímenes como la violencia doméstica, la agresión sexual y la trata de personas eran más difíciles de investigar y enjuiciar, porque los inmigrantes que son víctimas de esos delitos crímenes temían a “La Migra” si acudían a tribunales.
El estudio indica que desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, los oficiales de ICE y CBP han ampliado dramáticamente su presencia en los juzgados de todo el país.
También aporta recomendaciones sobre cómo minimizar los arrestos en los tribunales por los agentes de inmigración y cómo proteger los derechos fundamentales del debido proceso de los inmigrantes a medida que acceden a los juzgados.
Entre las sugerencias está una petición al Congreso para aprobar una legislación que evite arrestos, limitar los fondos para la ejecución en los tribunales y otros lugares sensibles.
A principios de enero de este año, ICE afirmó que su nueva directriz codifica la política de arrestos en tribunales para todas las operaciones migratorias no perseguirá a víctimas o testigos de crímenes en esas instalaciones.
“La intención es articular con claridad los estándares para la agencia entera, en lo que se refiere a acciones policiales” por infracciones migratorias civiles, dijo el funcionario. “Esto da una guía clara de que no vamos a entrar a arrestar a testigos”.
La visa U o T
La encuesta también buscó evaluar el conocimiento de los jueces sobre visas U y T, así como el rol judicial, como parte de la certificación para que un inmigrante pueda aplicar por este beneficio migratorio en caso de ser víctima o testigo de un delito.
Los resultados arrojaron que más de dos tercios de los jueces, informaron que estaban firmando certificaciones para esa visa o estaban dispuestos a hacerlo, pero que habían tenido solicitudes.
Otros jueces, el 32%, informaron que carecían de conocimiento sobre las visas U y T y la certificación del proceso.
