Ciudad de México, 18 de septiembre de 2018 .- La diputada ciudadana Fabiola Loya, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, exhortó a los diputados a inhabilitar a los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción para que no vuelvan a desempeñar ningún cargo público y así darles “muerte civil”.
Esta iniciativa, que ya había sido propuesta por la bancada de Movimiento Ciudadano hace un año, haría posible la inhabilitación para ocupar cargos públicos a políticos, funcionarios y particulares que hayan participado en actos de corrupción.
En su exposición de motivos la diputada ciudadana Loya señaló que esta situación mantiene a México en los peores lugares a nivel mundial de acuerdo con el “Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135 de 180 países, donde se mide la rendición de cuentas y los niveles de integridad en el servicio público”, además de que esto evidencia la incapacidad y la complicidad del gobierno y las autoridades en nuestro país.
La diputada Fabiola Loya recordó que “16 exgobernadores están sujetos a investigaciones por corrupción y que en lugar de honrar su investidura y servir a la población que los eligió, decidieron traicionar a su pueblo”, además, a nivel internacional los funcionarios implicados en el caso Odebrecht aún no son detenidos.
“El caso Odebrecht y los señalamientos en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, marcan la incapacidad, o más aún, complicidad del gobierno mexicano para investigar y sancionar casos de corrupción de alto impacto, pues mientras que en países como Brasil, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Guatemala, Republica Dominicana y Ecuador, ya existen expresidentes y ex ministros procesados, curiosamente México con Venezuela, son los únicos países donde habiendo implicados, no hay funcionarios detenidos ni sancionados”, concluyó la diputada ciudadana.
En voz de la diputada ciudadana, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, impulsa esta reforma para darle “muerte civil” a los “servidores públicos, particulares y empresas que incurran en actos de corrupción, por lo que además de las sanciones establecidas ya, se incluirá la inhabilitación para desempeñar cargos públicos o participar en la contratación de cualquier tipo de compras u obras de gobierno”.
