· El Grupo Parlamentario de Morena presentó la propuesta de reforma para elevar controles contra este tipo de empresas también conocidas como fachada.
· Dicho punto fue preparado con la colaboración de Luis Perez de Acha, miembro de Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
· El experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo advirtió que la utilización de estas empresas han servido para simular operaciones orientadas a evadir impuestos y para cometer delitos relacionados con el desvío de recursos públicos.
Ciudad de México, 28 de octubre de 2018 .- El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, presentó un punto de cuerdo al pleno de la Cámara Alta para prohibir la firma de contratos que involucren dinero público con empresas catalogadas como «fantasma» por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
El documento se preparó con la colaboración de Luis Pérez de Acha, miembro de Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, quien advirtió que la utilización de estas empresas ha servido para simular operaciones orientadas a evadir impuestos y cometer delitos relacionados con el desvío de recursos públicos.
El abogado por la Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM, puso como ejemplo los casos ampliamente conocidos de los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, así como el desvío de recursos de la “Estafa Maestra”.
Aunque el SAT tiene un catálogo de este tipo de empresas, compuesto por alrededor de 7 mil razones sociales, expuso, la facilidad con la que se crean hace que el número se quede necesariamente corto.
Además, precisó, hay que entender que las empresas fantasma tienen una doble naturaleza, pues si bien están registradas ante el SAT, están constituidas ante un notario público y emiten facturas con sus datos legales, al mismo tiempo no tienen actividad económica real.
No son empresas en sentido estricto, porque no son fuentes generadoras de riqueza o de empleos y no tienen inversión productiva. Son negocios de papel que sólo buscan depredar al fisco y al erario al servir como la cara legal de operaciones fraudulentas para no pagar impuestos o recibir dinero de contratos de obra pública sin capacidad para hacer el trabajo, aclarí Luis Pérez de Acha.
Socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, explicó que el Punto de Acuerdo se centra en que el SAT identifique plenamente a los entes y entidades de la Administración Pública de la Federación, de los estados y municipios, así como los organismos constitucionales autónomos y los poderes Legislativo y Judicial federal y de las entidades federativas, a quienes dichas empresas fantasma expidieron los CFDI (facturas).
Además, deberá informar la fecha en que se pagaron las mimas, los
nombres de las instituciones bancarias desde las cuales los contribuyentes realizaron las transferencias bancarias en favor de dichas empresas fantasma.
Los nombres de las instituciones bancarias desde las cuales los entes y entidades de la Administración Pública de la Federación, de los estados y de los municipios, así como los organismos constitucionales autónomos y los poderes Legislativo y Judicial Federal y de las entidades federativas, realizaron las transferencias bancarias en favor de dichas empresas fantasma.
La identificación de las cuentas bancarias desde las cuales los entes y entidades de la Administración Pública de la Federación, de los estados y de los municipios, así como los organismos constitucionales autónomos y los poderes Legislativo y Judicial federal y de las entidades federativas efectuaron las transferencias en favor de dichas empresas fantasma.
