14 de noviembre de 2018 .- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 50/2018, dirigida al licenciado Francisco Javier Cabeza de Vaca, Gobernador del Estado de Tamaulipas, por no dar la debida protección a una defensora de derechos humanos que fue privada de la vida, lo que es atribuible a siete servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPT), a la Procuraduría General de Justicia (PGJT) y a la Secretaría General de Gobierno (SGGT), todas de esa entidad federativa. También fue violentado el derecho a la seguridad jurídica en agravio de la víctima y tres de sus familiares, atribuible a la SSPT.
La SSPT y la PGJT brindaban protección a la defensora debido a una fuga de reos del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas (CEDES Victoria), en la que la SSPT difundió que había participado un procesado por la desaparición y muerte de la hija de la defensora.
Esta Comisión Nacional acreditó que ambas dependencias no brindaron una protección idónea ni efectiva a la agraviada, ya que reportaron haber realizado rondines de vigilancia en el domicilio de la defensora, que su familia y amigos negaron, y que no contemplaron sus actividades y la importancia de las mismas, como eran las búsquedas de personas desaparecidas y el seguimiento que daba a las investigaciones ministeriales y procesos judiciales relacionados con desapariciones; tampoco consideraron el riesgo real y predecible en que estaba, al no prevenir que sus posibles agresores pertenecieran a la delincuencia organizada; además, las medidas no fueron modificadas cuando la defensora reclamó que no había tenido respuesta de las autoridades ante un incidente de seguridad.
La SSPT también violentó la seguridad jurídica de la víctima y sus familiares al difundir información inexacta que señalaba que en la fuga del CEDES Victoria participó uno de los procesados por la muerte de la hija de la defensora, sin que hasta el momento se tenga certeza de ello, a pesar de haberse constatado que estaba en prisión cuando la defensora fue privada de la vida. Sin embargo, la información difundida generó zozobra en la defensora, causando un daño de imposible restitución a su seguridad jurídica.
Por ello, este Organismo Nacional recomendó al Gobernador del Estado de Tamaulipas reparar el daño a los familiares de la víctima; colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas contra los siete servidores públicos involucrados; continuar con la investigación ministerial por el homicidio de la defensora para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Además, recomendó a la PGJ y a la SSP realizar un diagnóstico para evaluar las condiciones de los recursos materiales y equipo con que cuentan las corporaciones policiales a su cargo y conocer el grado de capacitación de sus elementos en cuanto a medidas de protección para personas en riesgo y, con base en ello, cubran las necesidades observadas, así como elaborar un instrumento que contenga el protocolo de acción de las corporaciones policiales que brinden seguridad a personas en riesgo, pues hasta la fecha existen deficiencias en las medidas de protección que se brindan a la familia de la defensora; a ambas dependencias les pide capacitar en derechos humanos a todo su personal.
