Increíble, pero cierto: en nuestro país hay quienes defienden vía redes sociales a políticos deshonestos que todo mundo sabe que se enriquecieron al amparo del poder, o como digo yo, a costillas del pueblo.
Ya no se puede hacer una política tradicional en donde un actor político salía de su carrera millonario y no pasaba nada: estas alturas de 2020 el que cree que puede hacerlo se equivoca, y tarde o temprano le llega su enjuiciamiento social, moral, político y, al que más le teme el corrupto: el legal.
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República parecen, por lo menos hasta hoy, estar haciendo un buen trabajo en el caso de Genaro García Luna y compañía: ya hay cuentas congeladas y en investigación 5 ex colaboradores y 5 empresas ligadas al ex Secretario de Seguridad Pública de Calderón.
Lo que quiero poner en la mesa es, que si un calderonista robó, que pague por ello ante la justicia; si lo hizo un peñanietista, que pague por ello, y si lo hace un lopezobradorista, también debe pagar por ello.
Evitemos pleitos estériles en redes sociales y no defendamos lo indefendible, si un actor político se robó sofisticadamente millones y acaudaló una fortuna que le comprueben, no merece ser defendido por la ciudadanía y por la opinión pública, todo lo contrario.
Que se castigue al que se enriquece con dinero público no es una cuestión de izquierda, ni de derecha, ni pertenece a una ideología en específico: es parte de la justicia social.
Porque los miles de millones que se van a los bolsillos de políticos corruptos en todo el país, afectan sin lugar a dudas la equitativa repartición de bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo de las personas.
La política no es para robar. Y el que cree que sí, es porque así fue siempre, o así lo enseñaron, pero si estima que eso es aún posible en pleno 2020, le sugiero, por su bien, dedicarse a otra cosa.
