lunes, octubre 3, 2022
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    Enjuiciar a 5 ex Presidentes cambiaría el rumbo del país.

    El Senado de la República tiene dos peticiones formales de autorizar procesos de investigación que desemboquen en el enjuiciamiento por presuntos delitos cometidos por cinco ex Presidentes, y no hay forma de que pueda soslayar emitir una resolución.

    Un movimiento ciudadano encabezado por un señor Omar García, entregó a la cámara alta del Congreso de la Unión, una propuesta de enjuiciamiento contra los cinco ex mandatarios, respaldadas por las firmas de dos millones y medio de ciudadanos.

    Paralelamente, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, entregó en el Senado, una solicitud para que se practique una consulta popular que resuelva si se debe abrir o no, juicio contra los ex Presidentes de México.

    Los presuntos inculpados son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, que gobernaron de 1988 a 2018, un lapso de 30 años.

    Algunos de los delitos que se les atribuyen, son corrupción desenfrenada, impunidad, privatizaciones, violaciones de derechos humanos, desigualdad social, fraudes electorales, inseguridad pública, y otros.

    López Obrador es muy puntual en su propuesta: que los enjuicien por sus desempeños antes, durante y después de sus gestiones presidenciales.

    México no tiene en su vida moderna, antecedentes de haber enjuiciado a ninguno de sus ex Presidentes, excepto en el caso de Luis Echeverría Alvarez (1970-1976), sometido a proceso por la matanza del 2 de octubre de 1968.

    Pero se trató de un procedimiento meramente simbólico dado que LEA fue beneficiado por un tribunal federal que en 2006 anuló su prisión domiciliaria, al haber prescrito el delito.

    Durante más de 80 años, la figura presidencial era intocable, una deidad política, un tlatoani inapelable, dueño del poder absoluto, señor de horca y cuchillo aunque de vigencia temporal, solo seis años.

    Un Presidente de la República era el jefe de jefes, dador de bienes y dones, privilegios y canonjías. Los tamaulipecos vimos un caso de cerca, con Enrique Cárdenas González por su amistad con Echeverría Alvarez.

    Gracias a esa cercanía que se remontaba a sus tiempos escolares infantiles, don Enrique tuvo fulgurante carrera política, pues lo mismo se desempeñó como Sub-secretario de Vigilancia y Ejecución Fiscal (creada ex profeso), Senador de la República, hasta Gobernador del Estado.

    Hay registros de otra historia política de ascendencia presidencial que cobijó a un prominente tamaulipeco. El médico Norberto Treviño Zapata fue médico personal del Secretario de Gobernación y luego Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines.

    Esa cercanía le permitió ser diputado federal, líder de la Legislatura y Gobernador del Estado.

    Tenemos otros ilustres tamaulipecos que han escalado hasta el Gabinete presidencial, en diferentes épocas, como Marte R. Gómez, nativo de Reynosa, ex Secretario de Agricultura y luego de Hacienda y Crédito Público.

    José Angel Gurría Treviño, nacido en Tampico, fue Secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Zedillo Ponce de León, y más recientemente, el matamorense Baltazar Hinojosa Ochoa fue titular de la SAGARPA.

    Nunca ha ocurrido en la historia reciente del país, que un ex Presidente sea llevado a juicio, mucho menos a cinco, como se pretende hacer ahora y como es previsible que ocurra.

    Esto es posible porque en la elección del año 2018, cuando MORENA llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador, el nuevo titular del poder ejecutivo federal se propuso abolir, eliminar, desaparecer, destruir la mítica figura presidencial.

    López Obrador suprimió el Estado Mayor Presidencial, un grupo de élite del ejército, que se encargaba de la seguridad personal del Presidente y de manejar su agenda, traslados aéreos y terrestres. Cuidaban que no le pegara ni el aire en el rostro.

    Vendió la flota aérea que estaba a su servicio y del Gabinete y optó por usar líneas aéreas comerciales para viajar a los Estados. Restauró la humildad y la modestia en torno de la figura presidencial, eliminando los lujos, extravagancias y los gastos superfluos.

    ¿Qué es lo que supone enjuiciar a los Presidentes?; ni más ni menos que llamarlos a cuentas sobre los episodios que oscurecen y manchan sus gestiones por presumir actos de corrupción.

    López Obrador lo ha dicho con todas sus letras: quiere que los ex Presidentes paguen por sus delitos, con cárcel, y que devuelvan lo robado. Y que quede precedente, para que sirva de escarmiento, en el sentido de que se acabó la impunidad.

    Pero eso no es fácil de hacer.

    Meter a la cárcel a un ex Presidente implica enjuiciar a sus cómplices, cercanos y distantes. Secretarios de Estado, Gobernadores e inclusive, presidentes municipales de grandes ciudades, no se mandaban solos. Si cometieron abusos de poder es porque el Presidente de turno lo permitió, lo toleró y, en no pocos casos, lo ordenó.

    Enjuiciar a Zedillo, Salinas, Fox, FECAL y Peña Nieto, implica desmantelar un imperio político fincado en la corrupción, cuya destrucción se sentiría con sus severas secuelas sísmicas en las entidades federativas.

    Todas las grandes obras construidas en el territorio nacional durante los últimos 30 años, tendrían que ser revisadas, tanto en su contabilidad como en sus acabados materiales, para constatar que cumplen con las especificaciones contratadas, en cantidad y en calidad.

    En este sentido, los contadores no tendrían mucho trabajo qué hacer en Tamaulipas, debido a que no son muchas las obras federales construidas aquí en ese lapso. Los políticos y funcionarios gubernamentales de estas tres décadas no fueron gestores eficientes.

    AMLO ha instaurado un estilo personal de gobernar que hace a un lado las simulaciones, los acartonamientos, los moches, los diezmos, la corrupción, en suma, aunque desafortunadamente está teniendo muchas resistencias.

    En Tamaulipas, por ejemplo, donde el gobierno panista se caracteriza por la opacidad en los manejos financieros, le tienen declarada la guerra al gobierno federal de MORENA, usando Francisco Cabeza de Vaca cualquier pretexto para despotricar y asumirse independiente, autónomo, rupturista.

    Federalista, se proclama él.

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