martes, octubre 4, 2022
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    Libertad de expresión, tema muy manoseado.

    Leemos una nota peculiar de la agencia APRO, donde informa que el PAN recurrió al amparo de la justicia federal, para tratar de conseguir que obligue al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a darle acceso a un reportero de su revista “La Nación”, a las conferencias mañaneras.

    Es que este partido agotó todos los recursos disponibles que buscaban cancelar las mañaneras, sin conseguirlo, y finalmente se resignó a presenciar la diaria comparecencia del jefe del poder ejecutivo federal ante la Opinión Pública, pero quiere ocupar primera fila.

    En primera instancia, el juez de distrito negó la petición de amparo y el PAN apeló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conseguir que uno de sus reporteros sea acreditado, con derecho a hacer preguntas.

    El litigio no menciona la libertad de expresión como derecho conculcado, sino que el debate se centra en tecnicismos leguleyos que son ininteligibles para los legos. Vea si no, el lector:

    “No resulta procedente”, ya que es el fondo del litigio, y otorgar la medida cautelar solicitada tendría los mismos efectos que la sentencia final del caso.

    “Conceder (la medida cautelar) implicaría constituir derechos a favor de la parte quejosa, lo que únicamente puede obtenerse con la sentencia que en su momento se dicte en el fondo del asunto”, destaca la resolución.

    Resultaría más entendible que el juez niegue el acceso a un reportero de la revista propiedad del PAN, debido a que sus preguntas estarían viciadas de origen porque no representa a un medio profesional objetivo, imparcial, neutro.

    Hace unos días, un grupo de más de 650 intelectuales, periodistas, analistas, escritores, firmaron un documento bajo el nombre “En defensa de la libertad de expresión”, donde acusan a López Obrador de usar las conferencias mañaneras, para denostar, infamar y agredir a los periodistas.

    “Esto tiene que parar”, dice el documento.

    El Presidente de la República respondió sin tapujos que no podrán coartarle su derecho de réplica, porque tampoco es cosa de tolerar las agresiones que dijo sufrir, de parte de algunos de los abajofirmantes.

    “Dan pena ajena, deberían de pedirle disculpas (a la sociedad mexicana) por el silencio cómplice que mantuvieron durante los sexenios de oprobio y abusos del poder, que no fue gratuito porque muchos de ellos recibieron millones de pesos del gobierno, bajo diferentes pretextos”, les reprochó AMLO.

    Un grupo de periodistas, intelectuales, analistas y escritores, así como de periódicos, se han distinguido por mantener una postura no sólo crítica sino de descalificación, enjuiciamiento y reproche permanente, contra el gobierno federal de MORENA.

    El Grupo Reforma, por ejemplo, dedica sus principales espacios de primera plana, a tratar de ridiculizar las acciones gubernamentales, distorsionando los hechos o sacándolos de contexto, para darles apariencia reprobable.

    El Universal le hace eco y no pocos de sus editorialistas satanizan al gobierno, aunque en esta sección mantiene el periódico un sano equilibrio, pues tiene en sus páginas a autores que escriben con imparcialidad.

    Las mañaneras se han convertido en un estupendo foro de interlocución democrática, porque no pocas veces han servido de escenario para la exposición de temas sensibles, delicados, espinosos.

    Allí se expuso por ejemplo, el caso del asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez y en otra ocasión, la espeluznante ejecución extrajudicial perpetrada por policías estatales, ambos eventos ocurridos en Nuevo Laredo.

    Por cierto, el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca dio carpetazo al asunto de Carlos Domínguez, luego de que fracasó su intentona por involucrar como autor intelectual al licenciado Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal.

    Otro periodista que perdió la vida violentamente, en Ciudad Victoria, era corresponsal de Excélsior, Héctor González Antonio, donde también se exhibió la incompetencia del sistema de seguridad y justicia de Tamaulipas, pues tampoco fue aclarado el crimen.

    El gobierno ha repetido hasta el cansancio su respeto por el ejercicio de la libertad de expresión, así como su compromiso de velar por la seguridad e integridad de los comunicadores, pero han sido solo promesas.

    El 5 de abril del año 2005, la profesora y periodista Lupita García Escamilla, fue asesinada a balazos a las puertas de la empresa radiodifusora donde trabajaba, y la investigación permanece congelada.

    Raymundo Riva Palacio fue un tiempo un analista de gran prestigio por la imparcialidad de sus trabajos periodísticos, pero perdió piso y está convertido en uno de esos practicantes del oficio de odiar a AMLO.

    En su colaboración de ayer, Raymundo volvió a enderezar sus baterías contra el Presidente de la República, exigiendo que suspenda las conferencias mañaneras porque, en su opinión, las dedica a denigrar a periodistas y editores.

    Con el título de “Licencia para difamar”, Riva Palacio sustenta en su artículo, la tesis de que los exabruptos violentos y sistemáticos proferidos por AMLO contra los periodistas, desatan linchamientos civiles que en algunos momentos, han estado a punto de convertirse en agresiones físicas en las calles, sic.

    Pide por consiguiente, a pesar de que él mismo es practicante de la libertad de expresión, que se clausuren las conferencias mañaneras, donde el Presidente habla de los temas sensibles del día.

    López Obrador, que no tiene pelos en la lengua, se defiende e identifica por sus nombres a quienes como Raymundo, Enrique, Daniel y Leo Krauze, Denise Dresser, Hugo Hiriart, Javier Sicilia, Jorge G. Castañeda y otros, cobraron millones de pesos, en los gobiernos del PRI y del PAN.

    Tamaulipas también presume de una defensa gubernamental de la libertad de expresión, pero es sólo pose. Manuel Cavazos Lerma persiguió, encarceló, exilió en su sexenio, a periodistas y editores.

    Francisco García Cabeza de Vaca es también persecutor de comunicadores pero él no usa la violencia física, sino una violencia que golpea los bolsillos, las cuentas bancarias, y mediante esa vía, ya ha destruido a dos grandes periódicos.

    La Verdad de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, y El Diario, de Nuevo Laredo, cerraron sus puertas debido a que sus economías se debilitaron desde hace cuatro años, cuando Cabeza de Vaca se hizo cargo del gobierno estatal.

    Redujo los montos de los convenios institucionales de publicidad y dejó acumular las facturas mensuales vencidas. Ayuntamientos también entraron en mora, y la pandemia terminó de arruinar las finanzas de los medios.

    Cabeza nunca ha ocultado su desprecio por la prensa, aunque es previsible que de cara a las elecciones de los años 2021 y 2022, cambie de postura y pida un trato preferencial para el PAN y sus candidatos.

    Será el tiempo oportuno de cobrar agravios.

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