La seguridad pública no es un tema, no debería de ser, de partidos o de la agenda personal de alguien. La seguridad pública, se ha dicho, es una de las principales funciones y obligaciones del Estado.
Todos los gobernantes electos y los funcionarios designados, en los tres órdenes de gobierno, tienen como misión cumplir y hacer cumplir la Constitución General, las locales respectivas y las leyes que de ambas emanen.
La misma Constitución en su artículo 21 establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad y que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos; e indica que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Y para que esto se cumpla se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que como máximo órgano cuenta con el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Consejo Nacional que tuvo su XLVII Sesión Ordinaria en el mes de diciembre de 2021. Debe sesionar, en pleno, por lo menos cada seis meses. No hay reporte de sesiones en el 2022.
De sus atribuciones destaco las siguientes: Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública; promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan; evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados; Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados.
Como sociedad, a través del pago de impuestos, derechos, aprovechamientos y hasta multas, aportamos los recursos con los que funcionan las instituciones; mismas que deben estar al servicio de la sociedad, conforme las atribuciones correspondientes establecidas en las leyes.
Lo mínimo que se espera es compromiso y eficacia.
Desde hace años, con altibajos, más alti que bajos, la inseguridad pública y la falta de procuración de justicia es algo que se ha padecido y que impide que la sociedad pueda vivir en tranquilidad. La extorsión, el secuestro, el despojo, el robo, el asesinato por parte de grupos de delincuentes son, entre otros, la causa de temor colectivo que inmoviliza, que hace que se hable a susurros. La acción institucional no devuelve confianza y lleva a personas y familias a padecer en silencio.
Lo que ha sucedido a la fecha, los resultados obtenidos por las instituciones y los resultados de la coordinación ¿No genera preocupación?
Las políticas aplicadas ¿Ya las evaluó el Consejo Nacional de Seguridad Pública?
¿Seguiremos escuchando excusas clásicas? “es competencia de la federación”, “los gobernadores no hacen su parte”, “los cuerpos de seguridad están permeados por la delincuencia”, “es un enfrentamiento entre ellos”, etc.
Es notorio que a la política partidista se le dedica mucho tiempo y atención. ¿A la política de seguridad cuándo?
