¿Recuerda usted a un gobernador que antes de su mandato vivía en total austeridad financiera, y al final acumuló para sí y los suyos diversos bienes muebles e inmuebles como si hubiera cotizado en acciones premium en la bolsa de valores?, si su respuesta es afirmativa, tal vez el presente texto sea de su interés.
El régimen posrevolucionario, sustentado en la Constitución de 1917, permitió a los gobernadores, además de manejar en plena libertad su hacienda pública, pedir al gobierno federal recursos de la bolsa federal de participaciones para detonar el desarrollo social y económico en sus entidades, sin embargo; pocos fueron los mandatarios honestos que cumplieron con su tarea, y, en contraparte, otros decidieron adquirir bienes inmuebles en México y en el extranjero, así como bienes muebles a capricho propio o de cómplices, quienes confundieron la lealtad con la complicidad, lo anterior, con cargo al erario público.
Todo parecía ir bien para la banda de los gobernadores sin escrúpulos, sin embargo, el viejo adagio que decía: “nadie puede tocar a un gobernador o exgobernador pues trae buen padrino” se rompió en el 2001, cuando en Cancún Quintana Roo, fue detenido por cometer diversos delitos federales Mario Villanueva Madrid, el otrora poderoso exgobernador de aquella entidad de 1993 a 1999. Así, el sistema mandó la primera señal de alerta contra los gobernantes delincuentes, sin embargo, algunos lo tomaron como un hecho aislado, y, durante sus mandatos, malversaron recursos federales para beneficios personales, sin embargo, para su mala fortuna, hoy pagan sus consecuencias ante la justicia nacional o internacional.
En este sentido, la bandera principal de la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue la de luchar contra la corrupción de aquellos a quienes llamó “los de arriba”, y para ello, recientemente presentó la lista de quienes encabezarán las coordinaciones estatales de los programas federales, un ejército de 32 hombres y mujeres leales al proyecto de nación, quienes, con talento y habilidad política tendrán la tarea de sustituir a los más de 240 delegados federales que se diseminaron por todo el territorio nacional, destacando que en muchos casos, los nombramientos obedecieron más a compromisos políticos, en lugar de facilitar la gestión de la secretaría que representaron.
Ahora bien, en los últimos días, surgieron algunas voces que argumentaron que, el nuevo presidente de México, no podría implementar la citada tarea. Derivado de lo anterior, dichos agoreros demostraron desconocer el significado de las palabras Cambio y Regeneración, elementos que le permiten al nuevo presidente de México enviar una simple iniciativa para derogar desde el Congreso de la Unión, el artículo 17 Bis. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el espacio legal que avala las funciones de los delegados federales, y, al mismo tiempo, incluir el nuevo texto que avalará las facultades de los nuevos coordinadores estatales, con ello, todo quedará resuelto en un simple trámite legislativo y nada más.
Para Andrés Manuel López Obrador, el acto de renovar el poder público no es sinónimo de revanchismo político, sino más bien, consiste en transparentar la asignación y aplicación de los recursos federales en cada entidad federativa, y, al mismo tiempo, detener la vieja costumbre de enriquecer a gobernantes y cúpulas locales, quienes, amparados en un poder local pernicioso, han utilizado el dinero público a su antojo para darse una vida de lujos similares a los de los empresarios emanados de la lista de Forbes.
Estamos frente a un nuevo México, uno donde el próximo presidente cuenta con un bono democrático respaldado por millones de ciudadanos, pero además, con un fuerte respaldo de representantes populares en ambas cámaras federales y en 19 congresos locales, elementos clave para modificar las leyes que se necesiten para dar un nuevo rumbo al país, tal y como como lo señalaba el expresidente estadounidense Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg, estamos frente a un “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
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