Carlos-García. LIBROPOLITICA

Si México es el segundo país más violento a nivel mundial (Instituto Internacional de Estudios Estratégicos 2017), la política no podía quedar exenta de dicho fenómeno.

Recientemente, la empresa consultora Etellekt publicó el “Informe de Violencia Política en México 2018”, mismo que reveló el índice de delitos cometidos contra candidatos a cargos de elección popular, así como a políticos electos.

Antes de revelar detalladamente las cifras, es necesario comprender que la violencia política la ejerce quien comete actos delictivos por sí o interpósita persona contra ciudadanos; siempre y cuando, estos últimos, participen en actividades políticas, ya sea como precandidatos, candidatos, funcionarios partidistas, autoridades electas y familiares de los descritos.

El primer aspecto relevante del informe, consiste en que la incidencia delictiva, se presentó durante el periodo del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018; siendo así, se reportaron 850 agresiones globales contra la clase política en todo el territorio nacional, de los cuales, fueron 301 intimidaciones y amenazas; 175 asesinatos, 135 agresiones físicas, 67 agresiones con arma de fuego, 65 atentados contra familiares, 40 asaltos con violencia, 39 secuestros y 28 heridas con arma de fuego, lo cual, demostró que el reciente proceso electoral fue el más violento de los últimos treinta años.

El segundo aspecto interesante, es que la violencia política siguió su curso, incluso después del día de la votación, por lo tanto; los delincuentes ocasionaron la muerte a 21 autoridades electas a diversos cargos de elección popular, tal fue el caso de alcaldes, síndicos y regidores, mismos que esperaban el plazo constitucional para la toma de protesta formal.

El tercer aspecto destacable del informe en mención, se encuentra en la geolocalización de las entidades federativas de mayor prevalencia en violencia política, siendo estas, Michoacán, Colima, Jalisco y Guanajuato.

Los datos presentados por Etellekt, nos permiten identificar uno de los diversos retos que enfrentará la próxima administración pública federal; ésta, deberá desarrollar e implementar una estrategia de seguridad que garantice la vida democrática nacional y, al mismo tiempo, preservar la integridad de quienes se postularán a cargos de elección local y federal.

La prueba de fuego para el gobierno de transición ya inició en cinco estados del país, ya que la puesta en marcha de los procesos electorales locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, exige atención especial, toda vez que, dichas entidades presentan problemas de seguridad para quienes aspiran a ser candidatos por cualquier partido político, tal y como señalara el ex primer ministro británico Winston Churchill: “La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa”.

Twitter: @carloskgv