En la semana, Carlos Puig tituló su columna: “Rosario no debería (hoy) estar en la cárcel”, y yo comulgo con eso.
Y no es que defienda corruptos, y no es que no quiera que se castiguen los abusos, y no es que no quiera que todo aquel servidor público que se enriquece a costillas del dinero ajeno vaya a la cárcel.
Por supuesto que estoy a favor de la justicia: y con mayor razón si se trata de casos escandalosos de corrupción, pero la palabra “justicia” en un estado de derecho, es posible lograrla siempre y cuando sean respetados los derechos del acusado, también.
Nótese, tampoco soy de aquellos que enarbolan el tema de derechos humanos engolando la voz para hacer política con el tema, no. De hecho, estimo que excepcionalmente debería aplicarse la teoría alemana del derecho penal del enemigo, que no otorga a ciudadanos claramente criminales e identificados como muy peligrosos, las mismas garantías que a un procesado cualquiera.
Sin embargo, en México la norma suprema constriñe a las autoridades a respetar el principio de presunción de inocencia, y es pieza fundamental en nuestro estado de derecho. Punto.
En ese tenor, llama mucho mi atención que, tal como si supiera lo que venía, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justo días antes de la aprehensión de Rosario Robles, salió a defender el sistema penal acusatorio, y su base: el principio de presunción de inocencia, que postula que nadie es culpable hasta en tanto se demuestre lo contrario.
Así es como la reflexión de hoy, recae en lo siguiente: ¿Que tan prudente debe ser el Poder Judicial ante posibles violaciones a principios constitucionales (máxime en casos tan públicos como el de Robles)?
Estoy de acuerdo con quienes sostienen que el Poder Judicial no es oposición del Poder Ejecutivo, sino contrapeso para el debido equilibrio entre poderes, pero, el Caso Robles puede marcar un claro retroceso en el estado de derecho y sobre todo, una especie de “subordinación ofensiva” del poder judicial a los intereses políticos del presidente, lo que no es sano para la democracia.
Está claro que el Presidente de la Corte no puede referirse públicamente a un caso en particular pues estaría intrometiéndose en la labor jurisdiccional, pero creo sí está en sus manos propiciar permear por lo menos al interior de la Judicatura, su preocupación por esto.
Máxime si se le suma al caso el posible conflicto de interés que pudiera llegar a tener el Juez Federal de conocimiento, entonces resulta más peligrosa aún la “prudencia” del Poder Judicial.
Si Robles tiene que pagar, que pague, y que el castigo sea ejemplar, pero que todo se apegue a la constitución, por el bien de nuestras instituciones, y de la democracia misma.
