El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la solicitud de amparo para impedir la venta de la casa confiscada a Zhenli Ye Gon, no procederá y que, por lo tanto, la subasta del próximo domingo en el Complejo Cultural Los Pinos se llevará a cabo tal y como lo anunció ayer.
“Sin violación a ninguna ley. No es un acto arbitrario. Actuaremos con legalidad, no utilizaremos mecanismos de intimidación, de uso de la fuerza o prepotencia”, remarcó el mandatario.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional aseguró que continúa el plan de entregar becas a los atletas cuando regresen de los Juegos Panamericanos de Perú “llueva, truene o relampaguee”.
Sostuvo que el dinero obtenido en las subastas del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, siempre se destinará a causas justas.
“Primero a la gente humilde de los municipios más abandonados de México. Vamos a seguir entregando apoyos para que construyan sus caminos y otras necesidades de los pueblos. También para hacer justicia a los deportistas, es empezarnos a poner al corriente de la deuda que se tiene con los deportistas. Entonces, siempre va a ser para causas justas”, aseveró.
Con el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, el presidente dio a conocer que existen bienes que podrían subastarse quincenalmente una vez que se promulgue la Ley de Extinción de Dominio.
“Antes se recuperaban estos bienes y pasaban muchos años, bueno, la casa es un ejemplo, desde el 2007, han transcurrido 12 años y son inmuebles que se deterioran y se tiene que gastar en el mantenimiento, en la conservación. Entonces, ahora con la nueva ley y con el instituto creo que vamos a poder en 15 días subastar y entregar a la gente lo que se rescate. Es un trámite muy rápido”, puntualizó.
El presidente cuestionó que después de 12 años se promuevan amparos aunque desde 2007 el dinero incautado al narcotraficante chino-mexicano fue repartido a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial.
Tras destacar que la Presidencia de la República tuvo una reducción de su gasto de alrededor de 75 por ciento, hizo un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que devuelvan la mitad de sus prerrogativas a la Hacienda pública.
“No puede haber partidos y gobierno rico con pueblo pobre. Queremos escuchar que sean los primeros progresistas. Consideramos tener autoridad moral para hacer este llamamiento”, expresó.
Detalló que la pasada administración ejerció en 2018 alrededor de 3 mil millones de pesos en áreas administrativas y cerca de 2 mil millones de pesos en el Estado Mayor Presidencial.
“Nosotros llevamos ejercidos un poco más de 300 millones de pesos hasta ahora y calculamos que terminaremos 2019 en 700 u 800 millones de pesos”, apuntó.
