Ningún violentador, deudor alimentario, o abusador sexual debe ocupar posiciones de poder: Ana Lilia Herrera

junio 24, 2024

Toluca, Estado de México – 22 de junio de 202 .- La figura del diputado federal electo por el Distrito 23 de Lerma, Luis Carballo Gutiérrez, enfrenta un juicio civil por incumplimiento en su responsabilidad como padre al no proporcionar la pensión alimentaria correspondiente a una de sus hijas menores de edad. Este incumplimiento lo ha establecido el Registro Civil mexiquense, manteniendo a Carballo Gutiérrez en la lista de «Deudores Alimentarios Morosos» con un certificado vigente emitido el 20 de junio de 2024.

Ante este escenario, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, enfatizó la necesidad de hacer cumplir la ley «No más Violentadores al Poder» por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) en el caso de Luis Carballo Gutiérrez, quien se encuentra legalmente impedido de asumir su cargo como diputado federal debido a su condición como deudor alimentario moroso.

Certificado de Deudor Alimentario:

Herrera Anzaldo hizo hincapié en la importancia de no permitir el acceso al poder político de individuos que incumplen con sus obligaciones legales, especialmente en casos de violencia de género o incumplimiento en obligaciones familiares. En sus declaraciones, la dirigente del PRI mexiquense resaltó la lucha de las mujeres contra cualquier forma de violencia y abuso, expresando que ningún violentador, deudor alimentario, o abusador sexual debe ocupar posiciones de poder o participar en la toma de decisiones políticas.

Estas contundentes palabras fueron pronunciadas en el marco del inicio de los trabajos de la asamblea estatal deliberativa y electiva del PRI, donde el partido definirá su rumbo político para los próximos meses y años, evidenciando la importancia de la integridad y el compromiso con la ley por parte de los representantes políticos.

La situación legal y ética en la que se encuentra Luis Carballo Gutiérrez plantea interrogantes sobre su idoneidad para representar a la ciudadanía en una función pública de relevancia, generando un debate sobre la integridad y la responsabilidad en el ejercicio del poder.