*Ciudadanos de Ocoyoacac denuncian el usufructo ilegal del agua del Manantial El Portezuelo.
*Piden a las autoridades se continúe con el aseguramiento del pozo, para que ya no se siga haciendo mal uso del recurso hídrico.
Ocoyoacac, Estado de México. A pesar de que los habitantes de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca enfrentan escasez de agua, representantes del Comisariado de Bienes Comunales y el Comisariado Ejidal firmaron contratos de usufructo y arrendamiento para la explotación del recurso hídrico, sin transparencia ni conocimiento pleno por parte de la comunidad.
De acuerdo a una denuncia de ciudadanos de la localidad y el municipio de Ocoyoacac, uno de los contratos más polémicos es el que firmaron para el uso comercial del flujo de agua del manantial El Portezuelo 1, ubicado dentro de los bienes comunales del núcleo agrario de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca.
Dicho documento fue firmado por Juan Gabriel Soler Zuñiga, en su calidad de presidente de los Bienes Comunales; Elizabeth Flores González, secretaria, y Petra Montes Torres, tesorera, así como Rufino Jiménez Rivera, presidente del Consejo de Vigilancia del núcleo agrario; quienes se ostentaron como “propietarios” y afirmaron tener personalidad jurídica para realizar el acuerdo, ya que fueron electos en asamblea el 2021. Por otra parte, rubricaron como “usufructuario”, Fernando Nápoles Lozano y Claudia Anaya Fonseca.
Los inconformes, señalaron que el contrato establece el pago de 100 mil pesos mensuales por parte del “usufructuario”, del 16 de marzo de 2023 al 16 de marzo de 2025 (tiempo que dura el contrato), a los representantes de los comuneros.
Adicionalmente, el Comisariado Ejidal de San Jerónimo Acazulco (2020–2023) arrendó, por 15 mil pesos mensuales, un terreno en el paraje conocido como Ex Lienzo Charro, ubicado en el kilómetro 34 de la carretera Toluca-México, dentro del parque ecoturístico ejidal La Marquesa; predio, que incluye un cuarto de máquinas y tableros para el negocio de venta de agua.
Como arrendador, figuraron Silvestre Rodeo Salas, presidente suplente; Cruz Rossel Rivera, secretario, y Natalia María Rodeo Campana, tesorera; y como arrendatarios, los mismos Fernando Nápoles Lozano y Claudia Anaya Fonseca. El acuerdo tiene una duración de dos años, con opción a prorrogarlo por dos años más. En dicho contrato, el “arrendatario” manifestó dedicarse a la venta de agua.
Asimismo, refirieron que actualmente con ese recurso hídrico se abastece a la alcaldía de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, y comentaron que son Enicar Rivera y/o Camilo Pérez del Río, miembros del sindicato de piperos, quienes mantienen un supuesto contrato con dicho gobierno, por 27 millones de pesos.
Mientras los habitantes padecen la carencia del vital líquido, los representantes de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca no han reportado ni transparentado, ante la asamblea comunal y ejidal, el destino de los recursos obtenidos por el usufructo del agua potable; que, además, son mucho menores a la millonaria ganancia que logran los que venden el agua a Cuajimalpa.
Por ello, exigen a las autoridades el cierre del pozo y la investigación exhaustiva del caso, ya que la concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) establece que el líquido debe ser de uso público urbano, en beneficio de comunidades menores a 2,500 habitantes; además, no puede ser objeto de transmisión de derechos ni debe ser usada con fines comerciales, como ocurre actualmente.
De acuerdo a documentos mostrados, la CONAGUA otorgó la concesión a favor de Agua Potable El Pachón Acazulco A.C., de San Jerónimo Acazulco, que tiene como fuente de abastecimiento los manantiales El Portezuelo Chico 1, El Portezuelo Chico 2, Carbonera del Pachón y El Obelisco Hidalgo, de donde solo se puede extraer un volumen de 277,516.80 m³ al año.
La situación pone en evidencia el conflicto entre la gestión comunal del agua y los intereses económicos privados; a su vez, deja claro que a pesar de los esfuerzos del gobierno estatal y al Fiscalía de la entidad por abatir el «aguachicoleo» o “huachicoleo hídrico”, son los comuneros y ejidatarios los que propician el delito.
