Capulhuac, Estado de México – La atención pública se centra en Capulhuac, donde la presidenta municipal Selene Hernández Herrera se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusada de agredir físicamente a la psicóloga Míriam «N» el pasado 2 de mayo. Según testimonios, la agresión fue perpetrada con la presunta complicidad de su hija, Andrea, y de una integrante de la policía municipal, Lucía Ríos Cano.
El violento incidente ha desencadenado una ola de indignación en la comunidad. Familias de Capulhuac se han congregado en las calles, exigiendo justicia para Míriam y la destitución inmediata de la alcaldesa y sus cómplices. Los manifestantes han anunciado su intención de cerrar carreteras hasta que el Congreso Local tome cartas en el asunto y destituya a Hernández Herrera, permitiendo que la justicia actúe ante lo que consideran un abuso de poder intolerable.
Las convocatorias a la protesta continúan resonando en la comunidad, con diversos grupos sociales instando a que la alcaldesa no solo sea destituida, sino que enfrente cargos penales. Se enfatiza que el pueblo no puede permitir tal comportamiento por parte de una figura de autoridad, especialmente en un contexto donde la violencia de género se ha vuelto una preocupación alarmante en el país.
Expertos en derecho penal han señalado que, de comprobarse su participación en la agresión, la presidenta municipal podría enfrentar graves cargos, incluyendo intento de feminicidio y lesiones. Este escenario subraya la seriedad de las acusaciones y la urgencia de que las autoridades tomen medidas efectivas.
Las manifestaciones seguirán hasta que se logre la destitución de Selene Hernández Herrera y se garantice una respuesta judicial adecuada. “Este tipo de comportamientos no pueden ser tolerados en nuestra comunidad. La justicia debe prevalecer”, afirmaron los líderes de las protestas.
La situación en Capulhuac representa un claro llamado a la acción contra la impunidad y un firme recordatorio de la necesidad de defender los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. La comunidad ha hablado, y su demanda es clara: justicia para Míriam y responsabilidad para quienes han abusado de su poder.
