Redacción NDL Noticias
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Valle De Bravo, Estado de México; 7 de octubre de 2025 .- Lo que durante un tiempo fue un desarrollo residencial de lujo rodeado por naturaleza, hoy se ha convertido —según sus habitantes— en una zona de intimidación, violencia y abuso de poder. Los integrantes de la asociación Colonos Unidos del Santuario de Valle de Bravo rompieron el silencio y denunciaron públicamente al empresario Michel Domit Gemayel, a quien acusan de encabezar una campaña de hostigamiento y control absoluto dentro del fraccionamiento El Santuario, en el Estado de México.
En conferencia de prensa, Javier Girault, presidente de la Asociación, relató con voz firme pero visiblemente preocupado:
“El señor Domit actúa como un señor feudal. Tiene grupos de choque que impiden el paso, corta el agua a quien no le obedece, amenaza, amedrenta y agrede físicamente a los colonos. Hay personas mayores que no pueden entrar a sus propias casas. Esto es un secuestro disfrazado de propiedad privada.”
De acuerdo con los testimonios, desde hace varios años el conflicto se ha intensificado: cortes arbitrarios de agua, bloqueos de acceso, amenazas de muerte y golpes forman parte del día a día de los residentes. Todo, aseguran, como medida de presión para que los colonos paguen cuotas ilegales impuestas por Promotora Valle de Bravo, empresa vinculada a Domit.
Los afectados afirman que el empresario mantiene el control del fraccionamiento a pesar de que nunca ha sido entregado oficialmente al municipio, como lo ordena el decreto estatal que dio origen al desarrollo hace más de dos décadas.
Por ley, los servicios deben ser gratuitos hasta que se haga la entrega al Ayuntamiento. Pero Domit convirtió el fraccionamiento en un negocio privado, cobrando por el agua, la luz, la basura, todo… mientras amenaza a quien se opone, explicó Girault.
El abogado Andrés Hernández, representante de los colonos confirmó que existen denuncias penales y juicios de amparo en curso, además de una suspensión definitiva otorgada por un juez federal que ordena permitir el libre tránsito a los residentes. Sin embargo, la promotora —señaló— “ha desacatado la resolución judicial” y mantiene las restricciones de acceso.
“La mera idea de que un particular impida a una persona entrar a su casa es absurda, es ilegal y es inhumana”, señaló el abogado durante la conferencia. “Estamos ante hechos que podrían constituir delitos de amenazas, agresiones y violación al libre tránsito”.
Los colonos también acusan que Domit y su hijo, Michel Domit hijo, han promovido nuevas construcciones ilegales dentro del desarrollo, alterando el carácter ecológico y residencial del Santuario.
“Lo que era un fraccionamiento unifamiliar y ecológico se está convirtiendo en un negocio inmobiliario con edificios de hasta cuatro pisos. Han violado su propio reglamento, y cuando los enfrentamos, respondieron con violencia”, denunciaron.
Una historia de impunidad y engaño
El fraccionamiento El Santuario fue autorizado en 1992 bajo condiciones precisas: urbanización, dotación de servicios y entrega al municipio de Valle de Bravo. Pero, denuncian los colonos, Michel Domit nunca cumplió.
“Durante 25 años ha mentido y abusado de la buena fe de la gente. Se adueñó de los servicios, manipuló documentos y montó una asociación civil donde él mismo es el único miembro. Controla el acceso, cobra por lo que debería ser gratuito y usa la intimidación como herramienta de poder”, acusó Girault.
El conflicto, dicen, ha alcanzado niveles críticos. Los bloqueos han dejado a decenas de familias sin poder entrar a sus hogares ni permitir la entrada a sus trabajadores y proveedores.
“Hay personas de la tercera edad obligadas a caminar medio kilómetro por una montaña porque no las dejan pasar en vehículo. Es una crueldad. Esto ya rebasó los límites de la decencia”, lamentó el presidente de Colonos Unidos.
Exigen intervención urgente
Los residentes hicieron un llamado desesperado al Ayuntamiento de Valle de Bravo, al gobierno del Estado de México y a las fuerzas de seguridad, para que intervengan y restablezcan el orden.
“No pedimos favores, exigimos que se cumpla la ley. Hoy hay gente que no puede entrar a su casa y eso no puede pasar en ningún lugar del país. Pedimos la intervención del gobierno estatal y federal antes de que ocurra una tragedia”, subrayó el abogado representante.
De acuerdo con los colonos, más de 40 familias y decenas de trabajadores están siendo afectados. A pesar de los recursos legales, aseguran que la impunidad con la que opera la promotora es total.
Curiosamente, señalaron que este 7 de octubre de 2025 — día en que se realizó la conferencia — coincide con la fecha límite fijada por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México para la entrega formal del fraccionamiento al municipio, un hecho que podría poner fin a casi tres décadas de abuso e irregularidades.
“Esperamos que este sea el principio del fin de la impunidad. Queremos vivir en paz, con respeto y con la dignidad que merecemos como ciudadanos”, concluyó Girault.
