Hablar de libertad de expresión en Tamaulipas es, lamentablemente, hablar de una simulación bien orquestada. Mientras el discurso oficial presume apertura y respeto a las voces críticas, la realidad pinta un escenario donde la comunicación está controlada, segmentada y dirigida únicamente a quienes aplauden al gobierno en turno.
Es falso que se proteja o se fomente el libre ejercicio del periodismo. Hoy, la crítica incomoda, se castiga, se margina. A las plumas que no se alinean se les ignora o se les trata con desdén. La consigna es clara: solo hay espacio para quienes elogian al gobernador, su familia y su círculo más cercano. ¿Y el resto? Quedan al margen, sin acceso, sin respaldo, sin condiciones mínimas para ejercer su labor con dignidad.
Más grave aún es que este control no solo proviene desde el Ejecutivo, sino desde quien encabeza la Coordinación de Comunicación Social. Un personaje que, en otro tiempo, fue feroz crítico del poder, incluso al grado de ser desterrado políticamente. Hoy, paradójicamente, se ha convertido en el principal operador de una narrativa excluyente y selectiva. Lo que antes combatía, ahora lo ejecuta con disciplina.
Lo preocupante no es solo la ausencia de espacios para el disenso, sino el montaje de ejercicios “abiertos” donde se simula pluralidad, se dictan preguntas y se filtran participantes. Todo está medido, pactado. La libertad de expresión, en este contexto, es solo para unos cuantos: los afines, los convenientes, los controlables.
En este escenario, vale la pena destacar un caso que ejemplifica esta realidad: el de Miguel Garay. Comunicador profesional, con trayectoria limpia y visión estratégica, quien renunció recientemente a su cargo en el área de comunicación del municipio de Tampico. Su salida no fue casual. Fue consecuencia directa de un entorno viciado por intereses familiares, corrupción y la falta de voluntad política para respaldar un trabajo serio y honesto. Ni la alcaldesa ni el sobrino del mandatario, con control sobre esa oficina como si fuera su caja chica, le permitieron operar con libertad ni profesionalismo.
Garay no renunció: lo orillaron. Y su caso es reflejo de lo que viven muchos periodistas y comunicadores en el estado: sin condiciones, sin respaldo, sin libertad real para hacer lo que saben hacer. La pregunta es obligada: ¿de verdad creen que esto es libertad de expresión?
Ojalá el gobierno estatal y su coordinador de comunicación escuchen. No para incomodarse, sino para corregir. Porque una prensa libre no es un enemigo: es un pilar de cualquier democracia. Y en Tamaulipas, ese pilar se está desmoronando y lentamente lo están obligando a morir por las malas prácticas de unos cuantos.
Si me lo cuentas con santo y seña lo publicamos.