La jornada electoral del próximo 01 de junio, se perfila como la primera elección que ponga a prueba verdaderamente a la población para observar y legitimar la verdadera democracia en el país y una real impartición de justicia con los cargos a elegir (ministras y ministros, magistraturas y jueces), de lo contrario se tendrá consecuencias a corto plazo en la impartición de justicia en México.
Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio ejemplar de democracia comienza a perfilarse como una puesta en escena con guion definido. Detrás de los llamados a la participación ciudadana, se vislumbra una estrategia donde las decisiones clave parecen estar ya tomadas, y los ciudadanos sólo participarían como comparsa de un proceso previamente orquestado.
La preocupación no es menor. Fuentes internas del partido en el poder señalan que muchos de los perfiles que competirán por cargos clave ya han sido “palomeados” por líderes estatales y figuras influyentes del entorno cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum. La lógica es simple: quien quiera un lugar, debe agradar a los altos mandos. No es tanto la ciudadanía, sino las estructuras del partido quienes decidirán. Incluso, se habla de campañas previamente dirigidas, donde los candidatos serán posicionados con apoyo en redes, medios y plataformas afines.
Pero el punto más delicado, el verdadero foco rojo, está en el conteo de votos. Todo indica que este proceso tardará más de diez días, sin un sistema en tiempo real que brinde certidumbre. Los funcionarios de casilla sólo entregarán actas, sin participar en un conteo inmediato y transparente. Y entonces, ¿quién contará los votos? ¿Dónde estará la “mano santa” que garantice imparcialidad?
En el Estado de México, la presidenta estatal del PRI, Cristina Ruiz, ya levantó la voz. Denunció la falta de claridad en las reglas, el gasto discrecional en campañas, y lo más grave: la opacidad del conteo. Señaló que, con este panorama, la democracia en México corre el riesgo de desaparecer, dejando espacio a un sistema controlado desde las cúpulas del poder.
A ello se suma el desencanto ciudadano, el desconocimiento sobre los cargos en juego y una baja expectativa de participación. Si todo se mantiene como hasta ahora, el 01 de junio podría convertirse en una farsa electoral de grandes dimensiones, disfrazada de ejercicio democrático.
¿De verdad estamos ante la muerte de la democracia? ¿Estamos frente a una justicia que, lejos de defender derechos, terminará por silenciar voces? Casos como el de Lenia Batres, próxima ministra en la Suprema Corte, designada más por afinidad política que por méritos judiciales, alimentan esta narrativa.
Aún estamos a tiempo. Con la tecnología disponible, es posible establecer mecanismos de conteo transparentes, públicos y confiables. La pregunta es: ¿quién se atreverá a levantar la voz y exigirlo?
Porque si no lo hacemos hoy, mañana podríamos lamentar no sólo un resultado electoral cuestionable, sino también la consolidación de un sistema de justicia que inspire más temor que respeto.
Aquí sí que lo del pueblo pone y el pueblo quita quedará en el olvido. Quien ponga, será el verdadero mandamás de la legalidad y justicia en México.
Si me lo cuentas con santo y seña lo publicamos.
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