Ciudad Victoria, Tamaulipas; 22 de enero de 2026.- La Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) suspendió actividades y aseguró de manera precautoria una empresa trituradora de material pétreo que operaba ilegalmente en un terreno invadido en el Ejido Manuel Ávila Camacho, luego de una denuncia ciudadana.
De acuerdo con la PAUT, la empresa no contaba con autorizaciones ambientales y generaba severos impactos al medio ambiente, principalmente por la afectación al suelo y la contaminación del aire derivada de la emisión constante de partículas de polvo. La dependencia reiteró su compromiso con la protección ambiental y la atención puntual a las denuncias ciudadanas.
La denuncia había sido presentada formalmente desde hace casi un mes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas; sin embargo, hasta la fecha no se registraban avances, lo que motivó su exposición pública. Esta omisión ha generado cuestionamientos sobre el actuar del Ministerio Público bajo la gestión del fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco.
En los expedientes se señala como presuntos responsables de la operación ilegal al ingeniero Ramiro Cantú Caballero y a Juan Manuel Acosta Gómez. La empresa carecía de permisos y licencias, y enfrenta señalamientos por la posible comisión de diversos delitos, ya del conocimiento de las autoridades.
Asimismo, se denunció que la instalación de la maquinaria “que requiere suministro eléctrico de alto voltaje” habría sido posible mediante presuntos sobornos a funcionarios municipales, federales y a personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), particularmente de la División Centro Sur o Zona Victoria. Existen denuncias de hechos presentadas ante la CFE que, hasta ahora, no han derivado en acciones públicas.
La actuación de la PAUT fue calificada como una acción contundente frente a la ilegalidad, la negligencia y la impunidad, destacando el papel de la denuncia ciudadana como detonante para la aplicación de la ley en materia ambiental.
